¿Afecta la actual incertidumbre política en la solvencia de las empresas españolas?
Pese a la reducción de precios, a la consecuente mejora en la productividad y a una reforma laboral -invalidada por resoluciones judiciales, en muchos casos, debido a defectos de procedimiento-, la ASPAC advierte que esta falta de Gobierno y legislación puede agravar los problemas de insolvencia en compañías y sectores estratégicos clave, como la construcción y energía.
Asimismo, las sucesivas reformas, sin éxito, de la Ley Concursal demuestran que aún estamos lejos de convertirla en una herramienta de reestructuración empresarial, como ocurre en Europa. En palabras del presidente de Asociación Profesional de Administradores Concursales (ASPAC), España ha atravesado un periodo de ‘metonimia concursal’: “buena parte de las últimas reformas han surgido a raíz de casos concretos y han tenido poco impacto en el desarrollo de un sistema de insolvencia eficaz, sobre todo para la pequeña y mediana empresa, que es la base de nuestra estructura empresarial”.
Problemas estructurales de la economía, causa principal de las liquidaciones Martín indica que, durante un periodo de crisis aguda, tienen lugar numerosas liquidaciones de empresas, por lo que cabe preguntarse si es la economía la que no funciona, y no la ley, como el elevado número de reformas sugiere.
Respecto a las reformas llevadas a cabo en materia concursal, la Asociación advierte que éstas podrían devenir en la desprofesionalización del sector. Las últimas modificaciones y las previstas, (Ley 17/2014, de 30 de septiembre, Ley 9/2015, de 25 de mayo, y 25/2015, de 28 de julio; así como el futuro Estatuto de la Administración Concursal) permiten que cualquier titulado que acredite formación jurídica o económica y que apruebe un examen acceda al ejercicio de la administración concursal.
Estas pruebas de acceso permitirán la entrada de profesionales sin limitación en número, cuando el número de administradores concursales en España (alrededor de 9.000) ya es superior al número de concursos de acreedores (4.777, en 2015). Según ASPAC, esto supondrá una desprofesionalización de la figura del administrador concursal, con el consecuente perjuicio para acreedores y para la economía.
