Cremades&Calvo-Sotelo y CTA publican el primer informe sobre Compra Pública de Innovación de Andalucía

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El despacho de abogados Cremades & Calvo-Sotelo y CTA (Corporación Tecnológica de Andalucía) acaban de publicar el primer informe sobre Compra Pública de Innovación (CPI) en Andalucía con el fin de aportar una visión didáctica de la CPI, así como una imagen actualizada de su uso en la región, poniéndola en un contexto nacional e internacional.

Esta guía pretende ser “un instrumento práctico sobre CPI, que proporcione unas directrices para que los responsables políticos puedan apoyar de manera específica la contratación pública de soluciones innovadoras y, al mismo tiempo, pretende mostrar al sector empresarial más innovador las oportunidades que pueden abrirse en los próximos años”, explica el socio director de Cremades & Calvo-Sotelo, Francisco José Fernández.

El informe “Compra Pública de Innovación: Informe de Situación y Perspectivas” recoge los conceptos clave en materia de CPI, detallando las diferentes modalidades y procedimientos especiales de adjudicación, así como el marco legal y su evolución. Asimismo, explica por qué es un instrumento clave para la colaboración público-privada y cuál es el potencial innovador de las pymes. También describe las principales barreras para el desarrollo de la CPI, cómo fomentarla y cuál es la situación en Europa, España y Andalucía. Por último, recopila varios casos de éxito de CPI y proporciona un decálogo de recomendaciones basadas en la experiencia.

La Compra Pública de Innovación es “una herramienta para fomentar la innovación desde el sector público a través de la adquisición de soluciones innovadoras o de soluciones en fase de desarrollo”, explica el director de Desarrollo de Negocio de CTA, David Páez, quien señala que “este tipo de políticas requieren de un fuerte cambio de mentalidad, de paradigmas y, sobre todo, de cultura en el proceso de contratación”.

Avalada y promovida por la Unión Europea, la CPI “provoca un impacto enorme en el progreso tecnológico”, añade Páez, ya que “las empresas podrían hacer una apuesta tecnológica sabiendo que cuentan con un cliente que va a asegurar sus ventas”. Iniciativas de este tipo podrían introducir importantes mejoras en los servicios públicos y al mismo tiempo reducir el riesgo de la inversión en innovación y desarrollo. La CPI permite compensar una “brecha de mercado” característica de los sectores de alta tecnología.

Perspectivas en Andalucía

La Junta de Andalucía dispone de 50 millones de euros para CPI del Programa Operativo FEDER 2014-2020 y se prevé que el nuevo programa operativo (2021-2026) tenga una nueva partida para este fin. Así, se prevé una importante actividad en los próximos tres años de adquisición de bienes y servicios innovadores a través de CPI por parte de la Administración andaluza.

El relanzamiento de esta herramienta de contratación se inició en 2018, con el Plan para el Impulso y la Consolidación de la CPI en la Junta de Andalucía, que ya ha lanzado proyectos desde las consejerías de Fomento y Vivienda, Salud, Agricultura, Medio Ambiente, Igualdad, Políticas Sociales y Ordenación del Territorio.

Las soluciones más demandadas se sitúan en las áreas de Big Data, sensórica, reciclaje de materiales y residuos, aplicaciones y plataformas TIC y sistemas de gestión de la información, así como pseudosatélites y drones o iluminación inteligente en carreteras.

El despacho Cremades & Calvo-Sotelo y CTA mantienen una alianza para promover la Compra Pública de Innovación en Andalucía y, con ella, la mejora de los servicios públicos prestados por las administraciones andaluzas y la innovación del tejido productivo andaluz.

Según informan ambas organizaciones, han colaborado con éxito en más de una decena de proyectos innovadores en áreas como vivienda, depuración, dependencia, tráfico, emergencia y vehículos no tripulados. Estos proyectos han sido desarrollados para entidades como la Agencia Andaluza del Conocimiento, la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, la Consejería de Fomento y Vivienda, la Dirección General de Infraestructuras del Agua, la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, la Dirección General de Movilidad, la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia, la Dirección General de Infraestructuras, la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía o la Consejería de Presidencia, Administración Pública e Interior.

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