El futuro del campo en el aire

La realidad agraria y ganadera nacional lucha día a día por combatir el envejecimiento de sus profesionales, el baile de precios, los movimientos especulativos de la distribución y la competencia desleal frente a productores de terceros países. A todo ello hay además que añadir una reforma de la política comunitaria de ayudas suspendida en el aire que vincula aún más su futuro al mantenimiento de precios sin tener en cuenta las demandas del sector en España

El envejecimiento del sector agropecuario en España, junto con la volatilidad de los precios, el incremento constante de los costes de producción, la especulación de la cadena de distribución y la competencia desleal existente en el mercado globalizado de materias primas ha abocado al segmento de agricultores y ganaderos al debilitamiento de su estructura económica. Algo que ha significado, en buena medida, tener que llevar siempre asociada una imagen pública negativa de actividad de subsistencia que vive pendiente de las ayudas europeas. El presente de estas ayudas está pendiente de una reforma de la Política Agraria Comunitaria, PAC, que, con idas y venidas, va perfilando un escenario que en nada satisface los intereses de un sector que pide a gritos que esta reforma se encamine hacia un cambio de modelo productivo, hacia una agricultura social que mantenga el empleo en el medio rural, priorice al agricultor activo y se incline hacia una mayor regulación del mercado.

El 35% de los perceptores de ayudas de la PAC tiene más de 65 años, hay más de un 60% de personas vinculadas al sector agropecuario que recibe la ayuda que superan los 55 años y solamente el 12% de ellos está por debajo de los 40 años. Es decir, con estos porcentajes, más pronto que tarde se puede llegar a colapsar el relevo generacional. Por ello, desde los sindicatos UPA y COAG tratan de lograr que la nueva reforma de la PAC incluya la figura del agricultor activo entendiendo como tal a aquella persona que vive de la agricultura y la ganadería y buscan que un porcentaje importante de su renta provenga de la actividad agraria y ganadera, así como que los profesionales estén dados de alta en la Seguridad Social agraria. Desechan, en cambio, la propuesta de la Comisión, que se refiere a cualquier persona cuyo 5% de ingresos provenga de esta actividad o de las subvenciones del sector. Para el responsable de COAG en Castilla y León, Aurelio López, si se consiguiera que la actividad agraria estuviera en manos de personas de menos de 40 años podrían existir “explotaciones con una perspectiva de futuro mucho más ambiciosa y más ganas de invertir, de innovar, de producir  de las ayudas de la PAC se dirigen a los agricultores que viven exclusivamente de su oficio, por eso desde este sindicato abogan por unas políticas de priorización de este grupo, puesto que, según ellos, abrirían la puerta que permitiría un desarrollo normativo para los jóvenes agricultores.

Precios

Por otro lado, la volatilidad de los precios en el sector primario mina su desarrollo ya que se trata de un ámbito que necesita garantizar unos valores en el tiempo y esto sólo se puede ofrecer desde una regulación de las producciones y un control de los mercados. Ahora mismo se está bajo el paraguas de la Organización Mundial del Comercio (OMC), que ha exigido una liberalización en los movimientos de las mercancías y una desregulación, lo que ha permitido que los países en vías de desarrollo, a cambio de bienes de equipo y de servicios, hayan tenido las puertas abiertas para exportar sus producciones agrarias. Europa ha respondido con una política de autorregulación de los precios a cambio de una compensación económica traducida en la PAC porque el discurso oficial es “vamos a favorecer a los países  pobres para que pueda vivir el campesino de allí pero, en realidad, éste no es el que exporta. Esta tarea la realizan los grandes grupos comerciales implantados en Europa: el que corta la caña en Brasil no es el que se queda con el beneficio de la exportación de azúcar, sino las multinacionales europeas” afirma Ignacio Arias, de la Unión de Campesinos de Castilla y León, UCCL.

En este sentido, es un hecho que la huerta del Sur de España se está trasladando a Marruecos porque allí se es mucho menos exigente con la producción aunque más tarde, ese mismo producto se coloque en el mercado nacional por medio de las grandes firmas que operan aquí. Con países como Argentina y Brasil “competimos en plano de desigualdad absoluta, puesto que ellos pagan inputs  más baratos que nosotros y la mano de obra también es barata”, añade Arias, que también menciona lo estrictas que son las normas medioambientales y las buenas prácticas agrarias que imponen a los agricultores y ganaderos españoles, mientras que los de otros países no las cumplen. La realidad es que la Unión Europea cotiza al mejor postor y esto está conduciendo a una competencia desleal ya que dentro de las fronteras europeas obliga a producir en unas condiciones de calidad y seguridad alimentarias pero luego compra en otros mercados a los que no se les piden las mismas garantías.

Ante esta coyuntura, Julio López, de UPA Castilla y León, sugiere proteger la producción nacional a través de la existencia del derecho preferencial, es decir, cubrir las necesidades propias con producciones nacionales y las necesidades a mayores con las importaciones, siempre que en esos países de origen se esté produciendo con las mismas garantías higiénico- sanitarias que en la Unión Europea. De esta idea también se muestran partidarios desde COAG Andalucía, ya que “no se pueden afrontar costes e impuestos europeos y vender a precios del mercado mundial”. La globalización resulta un problema para los agricultores y ganaderos de España, mientras los grandes beneficiados de ese supuesto crecimiento de los países en vías de desarrollo son las multinacionales que juegan al monopoly  de las materias primas y fijan los precios desde un rascacielos en Nueva York, donde están muchas de las sedes de esos gigantes de la agroindustria. A su vez, la especulación de la cadena de distribución roza también los límites de la ética. Hace años existían unos mecanismos de intervención que permitían que la despensa de la sociedad estuviera en manos de los gobiernos, ahora “esa despensa se la hemos entregado al capital, a las multinacionales que solo entran en el mercado cuando ven una rentabilidad”, sentencia Aurelio Pérez, de COAG.

La situación de agricultores y ganaderos españoles es de indefensión ante este mercado de grandes multinacionales y de especuladores en las Bolsas porque el sector agropecuario no está nada exento de las dificultades que viven hoy en día los mercados financieros que, casualidad o no, defendieron la desregulación normativa y el libre mercado hasta la saciedad y que, ahora, recogen esa siembra de libertad en forma de pérdidas y caída de un sistema que, actualmente, suspira por una regulación urgente y la austeridad de unos gobiernos hasta hace relativamente poco fuera de este juego económico. Esta circunstancia, que podríamos considerar un ‘banquete’ de rentabilidades exclusivo de las multinacionales podría inclinar la balanza a pensar que la solución está en ejercer una política proteccionista en Europa que cubra las demandas del sector agropecuario, tan denostado en pleno siglo XXI. Pero quizá haya que plantearse también que, a nivel mundial, existe un escenario donde los países en vías de desarrollo están jugando un relevante papel dentro del mundo globalizado y que la situación de preeminencia de las grandes firmas de la agroindustria afecta a cuestiones tan básicas como la pobreza, la exclusión y el desarraigo y a realidades muy duras que no deberían ser una mera anécdota en una crónica del mundo agrario.

Cristina González Navas.