Germán Rovira: “Los gastos corrientes del sector público rondan los 55 millones de euros”
El Gobierno presidido por Mariano Rajoy tiene ante sí el gran reto de reducir el elevado índice de déficit y endeudamiento de todos los entes públicos. Tras los recortes anunciados, la consultora Eneas Sector Público asegura que puede ahorrarse aún más, ya que un 20% del presupuesto destinado a los gastos corrientes de las administraciones públicas está sobredimensionado.
Fabiola Lobo I flobo@mercados21.es I 29.03.2012
ENTREVISTA A GERMÁN ROVIRA, SOCIO DE ENEAS SECTOR PÚBLICO
Desde hace ya varios años, aunque en los últimos tiempos con mayor virulencia, las políticas nacionales reclaman grandes esfuerzos a los ciudadanos para reducir gastos y ahorrar costes. Como experto en el sector público, ¿qué compromiso de ajuste asumen las administraciones públicas?
Somos los ciudadanos los que sufragamos con nuestros impuestos el sector público y el estado del bienestar del que disfrutamos. Lo que ha pasado en los últimos años es que hemos diseñado un sector público y un estado de bienestar que sencillamente no podíamos pagar. Ingentes cantidades de recursos públicos dedicadas a gastos estructurales sufragadas con ingresos derivados de una coyuntura favorable. El resultado es el que ahora padecemos. Yo creo que se están haciendo esfuerzos muy importantes en el ámbito de las AAPP, pero habrá que seguir perseverando en ello y habrá que seguir eliminando todo aquello que no sea exclusivamente necesario. Los ajustes presupuestarios siempre son dolorosos, pero en el fondo debemos quedarnos con lo positivo: vivíamos por encima de nuestras posibilidades y eso era insostenible.
¿A cuánto ascienden los gastos de las AAPP? ¿Podrían reducirse estos costes y, con ello, favorecer el ahorro?
Los llamados gastos corrientes del sector público, los que no generan retorno de inversión, rondan los 55.000 millones de euros. En mi opinión, no se trata sólo de recortar el gasto de las AAPP, sino de optimizarlo con el fin de que ese gasto sea el mínimo posible. De los análisis que ha realizado Eneas Sector Público se extrae que el gasto que se destina a los bienes y servicios corrientes de las administraciones públicas está sobredimensionado, al menos, en un 20%. Esto significa que se está pagando un 20% más por cosas tan básicas como la factura de electricidad, el teléfono, la mensajería, la limpieza, etc. Desde Eneas fundamentalmente, tratamos de reducir la ineficiencia y los costes estructurales por su capacidad de liberar recursos económicos de forma inmediata. En los procesos de reducción de costes no existen recetas mágicas, sino que se trata de aplicar al sector público los aspectos relacionados con la eficiencia de los procesos de contratación y compra del sector privado, y dejar que este trabajo sea desempeñado por personas cualificadas.
Según este estudio, de los 40.000 millones de euros que tiene que reducir el Gobierno, el Estado podría ahorrar 11.000 millones tan sólo aplicando los principios de eficiencia y optimización en los contratos de los servicios y bienes corrientes. Si es así ¿por qué no se aplican estas medidas?
Se intentó con la Ley de Contratos del Sector Público del año 2007, que introducía algunas reformas al respecto, pero a la larga se vio que su implantación no tuvo todo el calado que se esperaba. Con todo y con ello, el sistema sigue adoleciendo de las mismas carencias que afectan directamente a la eficiencia de la asignación de recursos: una tremenda lentitud, una deficiente gestión de la información al servicio de los potenciales proveedores, un nulo aprovechamiento del perfil de gran consumidor de la Administración Pública y unos periodos de pago que implican unos costes financieros muy elevados.
¿Cree que la reducción del déficit pasa por subir los impuestos, reducir las prestaciones o abaratar el despido?
La reducción del déficit se consigue de muchas formas, algunas más directas que otras. Básicamente, se trata de subir los ingresos y reducir los gastos. Puedes subir los ingresos subiendo los impuestos, pero normalmente generará un efecto contractivo en la economía que podría compensar el efecto inmediato de la medida. Está más que demostrado que es posible aumentar la recaudación bajando los impuestos. Yo siempre he sido partidario de reducir el gasto y dejar que los ingresos se beneficien de la mejora de la actividad económica que esto comporta. En el mismo sentido, una reforma laboral que flexibilice el mercado tendrá más potencial de generar empleo y eso también son recursos para el Estado.
Tal y como comentábamos anteriormente, el Gobierno tiene que reducir 40.000 millones de euros para cumplir con los dictámenes de Europa. Aplicando vuestras medidas, ahorraría 11.000 millones de euros, pero ¿de dónde podría ahorrar el Estado los 29.000 millones de euros restantes?
Hay muchos ámbitos del sector público en los que poder realizar ajustes. Hay que acabar con la maraña de entidades públicas que se han creado al calor de la buena situación económica del pasado; hay que ser mucho más eficiente en la concesión de subvenciones y ser mucho más exigente en el cumplimiento de los objetivos que se persiguen con ellas. Pero si lo que pregunta es que si se pueden reducir de forma indolora 40.000 millones de euros, la respuesta es no. En los ajustes siempre habrá perjudicados, por eso la labor del Gobierno es conseguir que esos ajustes sean lo más equilibrado posibles.
¿Podría ponernos un ejemplo de administración pública a la que Eneas asesore para reducir los gastos?
El ejemplo más sobresaliente lo tenemos en la Comunidad de Madrid, cuya Consejería de Educación nos encargó el proyecto de reducir los gastos destinados a las telecomunicaciones de los 1.600 centros educativos dependientes de la Comunidad. Tras un proceso de asesoramiento intenso, la Consejería pasó de pagar 5 millones de euros a 1,6 millones, aproximadamente un 70% de ahorro.
