La Junta de Andalucía sanciona a Visteon con 150.000 euros de multa por su “falta de ocupación efectiva”
La Dirección General de Trabajo de la Junta de Andalucía ha ratificado una sanción de 150.000 euros en materia laboral propuesta por la Inspección de Trabajo a los propietarios de Visteon por una infracción calificada como “muy grave” debido a una “falta de ocupación efectiva a la plantilla” en la planta de El Puerto de Santa María (Cádiz).
El delegado de Empleo en Cádiz, Juan Bouza ha indicado que ante el anuncio este verano de cierre de la planta de Cádiz Electrónica (filial de Visteon) en El Puerto de Santa María, se efectuaron una serie de denuncias “sucesivas” formuladas por los sindicatos por “falta de ocupación efectiva” en la planta, alegando el personal de la fábrica que “no estaba teniendo trabajo porque la empresa no daba carga de trabajo”, según indicaron entonces los sindicatos.
Como respuesta a estas denuncias, la Inspección de Trabajo actuó y efectuó una serie de visitas, tras lo que descubrió un acta de infracción donde se explicaba que “se había verificado ‘in situ’ que la asignación de carga de trabajo a los empleados y la ocupación efectiva no se estaba realizando”, ha apuntado Bouza.
De esta forma, se comprobó que “la compañía no había adoptado las medidas necesarias para garantizar la ocupación efectiva de la plantilla de la planta de El Puerto de Santa María”.
A este respecto, el delegado ha reiterado que “lo importante no es el pago de esa sanción sino que se demuestra que tanto los trabajadores como la Administración llevábamos razón cuando advertíamos de que una empresa no puede ni debe saltarse a la torera la legislación española”.
Una de las sanciones “más altas propuestas por la provincia de Cádiz”
Ante esa situación, la Inspección propuso el verano pasado una sanción económica por valor de 150.000 euros, una cantidad “de las más altas propuestas en la provincia de Cádiz”, tras lo que se remitieron las actas y toda la documentación a la Dirección General de Trabajo, organismo que ahora ha ratificado dicha sanción.
“Ahora la empresa está obligada a pagar esos 150.000 euros, pues hay una sanción impuestas tras el informe de la Inspección donde se explica y concluye perfectamente que la empresa de una manera no lícita ha dejado de dar ocupación efectiva a los trabajadores, alegando una situación de crisis e insolvencia absolutamente ficticia”, ha sentenciado Bouza.
Finalmente, cabe destacar que la empresa tendrá un plazo para presentar sus alegaciones a dicha decisión administrativa, alegaciones de la empresa que se deberán resolver.
“Este caso es clamoroso y por eso se ha sancionado, porque la empresa no estaba cumpliendo con su obligación, de la misma forma que tampoco está dando cargas de trabajo ahora mismo y ha anunciado que no va a cumplir con la otra obligación de pagar los salarios, apuntando unas cuestiones que han quedado perfectamente desmontadas en la resolución de la Delegación de Empleo en contra del expediente de regulación de empleo (ERE)”, ha sentenciado Bouza.
Redacción
